La Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ha logrado un importante avance en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, al conseguir que se declare fundada la demanda de extinción de dominio sobre dos bienes vinculados al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Estos bienes, un inmueble valorizado en S/ 119,975 y una suma dineraria de S/ 292,370, pertenecen a los implicados J.A.B.O. y L.C.B.O.
Los bienes en cuestión están relacionados con las actividades ilícitas cometidas durante el periodo presidencial de 1990-2000 por Montesinos, quien estuvo al centro de una red de corrupción que incluyó a varios exfuncionarios públicos, tales como Juan Silvio Valencia Rosas, Víctor Alberto Venero Garrido y Víctor Manuel Malca Villanueva. Dichas actividades incluyen el proceso de adquisición irregular de aviones y helicópteros, así como el mal manejo de la Caja de Pensiones Militar Policial, un fondo destinado a la seguridad social de los miembros de las fuerzas armadas y policiales.
En este proceso judicial, la Fiscalía Provincial, liderada por la fiscal encargada, logró demostrar de manera contundente que los bienes provienen de actividades ilícitas relacionadas con delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios y cohecho en agravio del Estado. Como resultado, estos bienes serán transferidos al Estado, contribuyendo así al esfuerzo por recuperar los activos que fueron malversados durante el periodo de corrupción.
Es importante resaltar que esta sentencia fue el producto de un proceso judicial que respetó estrictamente las garantías procesales, asegurando que los implicados tuvieran pleno derecho a defenderse, presentar las pruebas que consideraran pertinentes y ser juzgados por un tribunal imparcial. Este respeto a los derechos fundamentales de los acusados garantiza la transparencia y legitimidad del proceso judicial.
Con este fallo, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio refuerzan su compromiso con la persecución de los delitos relacionados con la administración pública y el crimen organizado. La extinción de dominio de bienes y activos de origen ilícito continúa siendo una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, permitiendo que el Estado recupere propiedades obtenidas mediante prácticas delictivas y, a su vez, desarticule estructuras criminales que han afectado el bienestar de la ciudadanía.
Este logro subraya la labor continua y decidida de la Fiscalía en su empeño por garantizar la justicia y la restitución de los bienes mal habidos, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones públicas.
