Gobierno Central Ignora Crisis Ambiental en el Río Coralaque mientras Autoridades Locales Capitalizan Electoralmente la Emergencia
Gobierno Central Ignora Crisis Ambiental en el Río Coralaque mientras Autoridades Locales Capitalizan Electoralmente la EmergenciaA pesar de múltiples promesas, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República continúan sin priorizar el cierre definitivo de la mina Florencia-Tucari, operada por la empresa Aruntani SAC. Esta omisión prolonga la grave crisis ambiental que afecta desde hace más de 15 años a las comunidades de la cuenca del río Coralaque, en la región Moquegua.
El pasado 1 de agosto, ministros de Estado anunciaron una nueva visita a la zona para abordar la contaminación minera. Sin embargo, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la reunión fue cancelada sin explicación oficial. Las promesas del Gobierno siguen quedando solo en discursos, sin soluciones concretas.
Como ya advirtió el exministro de Energía y Minas Jorge Montero en 2021:
“El Perú no sabe cómo cerrar una mina. Somos viejos en minería, pero bebés en cierre de minas. Tenemos 500 años de minería, pero aún no cerramos ni una sola mina correctamente”.
Esta declaración, lejos de haber sido superada por las autoridades actuales, refleja aún la realidad del país.
Contaminación Persistente desde 2010.
La contaminación del río Coralaque y sus afluentes Margaritani, Apostoloni, Titire y Aruntaya afecta gravemente a los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Omate y Coalaque. Las comunidades de estas zonas han denunciado la pérdida de pastos, animales, fuentes de agua y calidad de vida.
A pesar de que la empresa Aruntani SAC tiene una carta fianza de 8 millones de dólares para ejecutar el plan de cierre, los fondos siguen bloqueados por un recurso de reconsideración presentado por la propia minera, que debe ser resuelto por el Consejo de Minería. Esta apelación ha paralizado toda acción del Ministerio de Energía y Minas, impidiendo que el Estado use el dinero para intervenir y remediar la zona afectada.
Fiscalización Inexistente y Fallas en la Planta de Tratamiento.
Durante una visita inopinada realizada en julio de 2025 por la gobernadora regional de Moquegua, junto a autoridades locales y comunales, se comprobó la inoperatividad de la planta de tratamiento de aguas ácidas de la mina. La planta no funciona de manera continua ni eficiente, lo que agrava la contaminación de los ríos y expone a la población a riesgos sanitarios severos.
Desde el mismo tajo minero, la gobernadora exigió al Gobierno Central la intervención inmediata bajo un régimen de excepción, así como el cierre técnico de la mina hasta que se garantice su operación segura y la implementación de medidas de remediación efectivas.
Protagonismo Electoral en Plena Campaña 2025-2026.
La preocupación legítima por el daño ambiental ha sido también instrumentalizada por diversas autoridades locales en plena campaña electoral 2025-2026. Algunos alcaldes y representantes regionales solo han visibilizado el problema ahora que se acercan los comicios municipales, regionales y congresales, pese a que el conflicto ambiental se arrastra desde hace más de una década.
En palabras de la gobernadora regional durante su reciente recorrido:
"¿Qué clase de autoridades tenemos que solo en campaña se acuerdan del río Coralaque? La mina sigue contaminando, y aún no hay respuesta del Gobierno."
Llamado Urgente a la Presidenta y al Congreso.
Fernando Quispe Cosi, presidente de la Comunidad Campesina de Aruntaya, y Simón Huarachi Ponce, teniente gobernador del centro poblado de Titire, hicieron un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República para:
Ejecutar el cierre definitivo de la mina Florencia-Tucari.
Autorizar el uso inmediato de la carta fianza para remediación.
Declarar en emergencia ambiental integral a la cuenca del Coralaque.
Iniciar un proceso de reparación a las comunidades afectadas desde 2010.
Conclusión.
El Estado peruano no puede seguir ignorando una tragedia ambiental que arrastra más de 15 años sin solución. Las comunidades de Moquegua exigen justicia ambiental, acción concreta y no más discursos vacíos ni oportunismo político.
A pesar de múltiples promesas, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República continúan sin priorizar el cierre definitivo de la mina Florencia-Tucari, operada por la empresa Aruntani SAC. Esta omisión prolonga la grave crisis ambiental que afecta desde hace más de 15 años a las comunidades de la cuenca del río Coralaque, en la región Moquegua.
El pasado 1 de agosto, ministros de Estado anunciaron una nueva visita a la zona para abordar la contaminación minera. Sin embargo, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la reunión fue cancelada sin explicación oficial. Las promesas del Gobierno siguen quedando solo en discursos, sin soluciones concretas.
Como ya advirtió el exministro de Energía y Minas Jorge Montero en 2021:
“El Perú no sabe cómo cerrar una mina. Somos viejos en minería, pero bebés en cierre de minas. Tenemos 500 años de minería, pero aún no cerramos ni una sola mina correctamente”.
Esta declaración, lejos de haber sido superada por las autoridades actuales, refleja aún la realidad del país.
Contaminación Persistente desde 2010.
La contaminación del río Coralaque y sus afluentes Margaritani, Apostoloni, Titire y Aruntaya afecta gravemente a los distritos de Chojata, Matalaque, Quinistaquillas, Omate y Coalaque. Las comunidades de estas zonas han denunciado la pérdida de pastos, animales, fuentes de agua y calidad de vida.
A pesar de que la empresa Aruntani SAC tiene una carta fianza de 8 millones de dólares para ejecutar el plan de cierre, los fondos siguen bloqueados por un recurso de reconsideración presentado por la propia minera, que debe ser resuelto por el Consejo de Minería. Esta apelación ha paralizado toda acción del Ministerio de Energía y Minas, impidiendo que el Estado use el dinero para intervenir y remediar la zona afectada.
Fiscalización Inexistente y Fallas en la Planta de Tratamiento.
Durante una visita inopinada realizada en julio de 2025 por la gobernadora regional de Moquegua, junto a autoridades locales y comunales, se comprobó la inoperatividad de la planta de tratamiento de aguas ácidas de la mina. La planta no funciona de manera continua ni eficiente, lo que agrava la contaminación de los ríos y expone a la población a riesgos sanitarios severos.
Desde el mismo tajo minero, la gobernadora exigió al Gobierno Central la intervención inmediata bajo un régimen de excepción, así como el cierre técnico de la mina hasta que se garantice su operación segura y la implementación de medidas de remediación efectivas.
Protagonismo Electoral en Plena Campaña 2025-2026.
La preocupación legítima por el daño ambiental ha sido también instrumentalizada por diversas autoridades locales en plena campaña electoral 2025-2026. Algunos alcaldes y representantes regionales solo han visibilizado el problema ahora que se acercan los comicios municipales, regionales y congresales, pese a que el conflicto ambiental se arrastra desde hace más de una década.
En palabras de la gobernadora regional durante su reciente recorrido:
"¿Qué clase de autoridades tenemos que solo en campaña se acuerdan del río Coralaque? La mina sigue contaminando, y aún no hay respuesta del Gobierno."
Llamado Urgente a la Presidenta y al Congreso.
Fernando Quispe Cosi, presidente de la Comunidad Campesina de Aruntaya, y Simón Huarachi Ponce, teniente gobernador del centro poblado de Titire, hicieron un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República para:
Ejecutar el cierre definitivo de la mina Florencia-Tucari.
Autorizar el uso inmediato de la carta fianza para remediación.
Declarar en emergencia ambiental integral a la cuenca del Coralaque.
Iniciar un proceso de reparación a las comunidades afectadas desde 2010.
Conclusión.
El Estado peruano no puede seguir ignorando una tragedia ambiental que arrastra más de 15 años sin solución. Las comunidades de Moquegua exigen justicia ambiental, acción concreta y no más discursos vacíos ni oportunismo político.
